Según un reciente estudio de Cáritas, en España viven aproximadamente 30.000 personas sin techo. Ellas son sólo la punta del iceberg del gravísimo problema que supone la falta de vivienda.
Através de las noticias recogidas, con relativa frecuencia, en los medios de comunicación, así como también por la experiencia del trabajo de Cáritas con las personas “sin techo”, podemos constatar que persiste, año tras año, la grave situación en la que se encuentran unos miles de personas, con nombre y rostro propios, que añaden al hecho de carecer de una vivienda una serie de circunstancias adversas (violaciones de derechos fundamentales, enfermedad, inseguridad, agresiones, etc.), que pueden desembocar incluso en la muerte física y, por supuesto, en la “muerte social” que supone el menosprecio, el estigma, los ataques a su dignidad como personas, el ser ignorados…
Estos datos justifican la puesta en marcha de esta campaña que pretende llamar la atención de la Administración, y de la sociedad en general, sobre lo vergonzosa que resulta esta situación en un país con nuestro nivel de desarrollo y bienestar. Asímismo, trata de hacer ver la necesidad de no quedarse sólo en actuaciones de emergencia, a todas luces insuficientes, sino de embarcarse en un compromiso permanente.
Entre las personas a las que nos referimos, hay algunas que viven literalmente en la calle, aunque duerman, a veces, en albergues de noche (“sin techo”); otro grupo lo constituyen las que se ven forzadas a vivir en centros de acogida, ya sean de emergencia o de más larga estancia (“sin hogar”). En este último grupo, llama la atención el número creciente de trabajadores inmigrantes (hasta un 70%), mientras que las mujeres representan entre un 15 y un 20%.
Las personas pertenecientes a uno y otro grupo, han padecido una media de 7 sucesos vitales traumáticos que son los que, en buena medida, les han conducido a su actual situación: problemas de pareja, como el maltrato, la viudedad o el divorcio; problemas graves de salud mental; consumo excesivo de alcohol y drogas en algún momento de su vida; malos tratos en la infancia, abandono del hogar en la adolescencia; etc. Todas las personas “sin techo y sin hogar” participan de las tres características que definen la exclusión social: dificultad para acceder a los derechos sociales, pérdida del mundo de las relaciones (familia, amigos), y pérdida también de la idea del sentido que tiene la propia vida (desesperanza, frustración, desconfianza).
Con todo, el hecho más grave es la falta de una vivienda en la que disfrutar de independencia, vida privada, intimidad y silencio, así como ejercer la solidaridad y las obligaciones y derechos que existen cuando perteneces a una familia, a un vecindario, a una ciudad.
Tienen, además, las mismas necesidades de todos los seres humanos: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad; necesidades que requieren respuestas adecuadas porque, en caso de no producirse esas respuestas, la persona buscará otras inadecuadas o, incluso, destructivas (suicidio, violencias, etc.).
De esto se deduce que el trabajo con estas personas no puede ser sólo una actuación para salir del paso, sino una tarea, comprometida y permanente, que sea capaz de ofrecer una respuesta integral a todas sus necesidades. Esto plantea una serie de exigencias a los Centros y Servicios, como pueden ser: la estabilidad (no limitar la estancia y ofrecer cobertura de 24 horas), la flexibilidad en las normas, el respeto por la dignidad de la persona (facilitando espacios de intimidad), dar protagonismo al sujeto, favorecer las relaciones ya existentes, reconocer el derecho a los valores y creencias, potenciar la autoestima y ayudarles a defender sus derechos.
En resumen, para cambiar exclusión por inclusión, debemos facilitar el acceso a los derechos cívicos y sociales, mejorar el mundo de las relaciones y ayudar a reencontrar el sentido de la propia vida. En esta tarea, las Administraciones públicas tiene un papel irrenunciable.
Además de garantizar el cumplimiento de la legislación ya existente en este campo, así como los derechos sociales y la igualdad de oportunidades, debe aportar los recursos suficientes para la prevención, la atención básica y la integración de quienes se encuentran en estas situaciones.
La sociedad civil, por su parte tiene un papel muy importante en la recuperación del sentido de la vida y la dimensión comunitaria, mediante el acompañamiento personalizado, el refuerzo de las redes sociales y la sensibilización de la comunidad.
Y nosotros, comunidad de creyentes en Jesús, que declara su especial predil ecc ión por los más empobrecidos, debemos tomar conciencia de este problema y, en la medida de nuestras posibilidades, colaborar en la resolución del mismo. Cáritas, que sustenta el Hogar Pozo Dulce para la acogida y atención integral de personas “sin techo”, nos ofrece la posibilidad de ofrecer nuestro tiempo, conocimientos, habilidades y recursos para lograr este fin.
Toda la información se encuentra en la web de Cáritas.
