«La futura ley de extranjería criminaliza al inmigrante»

Tras analizar el proceso, el espíritu y la letra del proyecto, la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la Red Acoge y Cáritas han hecho pública su reflexión sobre lo que consideran “una limitación seria de los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia”.

Esta reforma debería significar una oportunidad para construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad. Sin embargo, no es así. Manmen Castellano tiene 28 años, es cristiana y es presidenta de Andalucía Acoge. Ella nos ayuda a comprenderlo.

Manmen Castellano reconoce sentirse especialmente “tocada” por este tema. Tras nueve años en la red de centros Acoge, el mundo de la inmigración sigue siendo hoy su trabajo y su vocación. Una vocación que la lleva a sufrir con aquellos que más sufren. “Lo más dramático de esta situación es que la mayoría de la población malagueña no es consciente de que este sufrimiento existe y que lo tiene tan cerca, -dice la presidenta de Andalucía Acoge- tendríamos que hacer que les pusieran cara a todas y cada una de esas personas que llevan 20 años sufriendo las políticas cada vez más represivas que nuestros gobiernos llevan a cabo”.

–¿Es oportuna u oportunista la reforma de la Ley de Extranjería?

–Simplemente no es el momento de afrontarla, ya que en estos tiempos de crisis da la sensación de que las personas inmigrantes son las responsables, cuando realmente han tenido un papel fundamental en el crecimiento económico de nuestro país.

–¿Qué aspectos constituyen la esencia de esta reforma?

–Son muchos los aspectos de la reforma que más que garantizar los derechos fundamentales de todas y todos los que conviven con nosotros, lo que hace es restringirlos y crear diferentes categorías de personas, y a muchas de ellas se les niega el derecho a luchar por una vida más digna para ellos y sus familias. Se ve restringido el derecho a vivir en familia, ya que las condiciones para la reagrupación familiar se ven seriamente recortadas; ven cómo pueden estar encerrados hasta 60 días en un centro de internamiento por una simple falta administrativa, teniendo una situación peor que las cárceles; no se garantiza el derecho a la educación universal, ni a la justicia gratuita; las víctimas de violencia de género verán cómo a pesar de su situación se les podrá abrir expediente de expulsión...

–¿Qué retos nos plantea a los cristianos esta iniciativa legal?

–Para todos y todas los que trabajamos con la población inmigrante, esta nueva reforma de la ley nos plantea grandes retos que debemos afrontar y, en mi opinión, destacaría dos de ellos: no dejar de reivindicar que todas y todos los que vivimos en este país debemos tener los mismos derechos; y sensibilizar a la población de que mientras haya diferencias tan grandes entre unos países y otros de este mundo, la gente seguirá haciendo lo que sea necesario para tener una vida más digna para ellos y sus familias.

Para los cristianos y cristianas este reto tiene, en su trasfondo, al mismo Jesús: "fui forastero y me acogisteis".

–Aún sigue latente la polémica sobre los centros de internamiento de extranjeros. ¿En qué situación se encuentran las personas retenidas en ellos?

–Para nuestra entidad y para otras muchas, los centros de internamiento de extranjeros son vacíos legales que existen en nuestro país; y en muchos casos, lugares donde se están violando los derechos fundamentales de las personas. Debemos partir de que no deberían existir, no se debería privar de libertad a las personas por haber cometido una falta administrativa, por no disponer de un simple papel. No existe transparencia y la sociedad civil no sabe lo que sucede en su interior, algo que en democracia no deberíamos permitir.